La Procuraduría Provincial formuló pliego de cargos en contra de la gerente del Imdri, Diana Ximena Cepeda, al director Financiero del Instituto, Rodrigo Chávez Torres, y al secretario General, Luis Ernesto Ramírez Luna, por fraccionamiento de contratos y violación de los principios de contratación estatal.

Los cargos tienen relación con la contratación efectuada durante el primer semestre de 2016 para la prestación del servicio de vigilancia en las instalaciones y sedes del Instituto.

La Procuraduría imputó cargos a Cepeda a título de culpa gravísima al contravenir en su condición de ordenadora del gasto, “la responsabilidad en la dirección y manejo de la actividad contractual y de los procesos de selección que por regla general establece que se deben hacer a través de licitación pública”.

Así mismo, por presuntamente violar los principios de transparencia, economía y planeación.

En cuanto a Chávez Torres se le responsabiliza porque al parecer omitió elaborar los estudios previos para que se contratara a través de licitación pública, ya que dada su cuantía ameritaba el inicio o diligenciamiento de un proceso licitatorio con inmediatez; incurriendo en la vulneración de los principios de planeación, legalidad, buena fe, transparencia e igualdad.

De acuerdo con el Ministerio Público, la falta de planeación en la organización previsible del servicio de vigilancia, dada su naturaleza y finalidad y que debía ser continuo e ininterrumpido, “conllevaba a que se realizaran estudios previos, donde se tuvieran en cuenta esos aspectos y si se requería adicionar y luego contratar, tener presente que el procedimiento contractual que en últimas debía agotarse era la licitación, y no contrataciones directas y prorrogas de las mismas”.

La historia

Según los hechos probados, M&O Seguridad venía desde 2015 prestando la vigilancia a las dependencias del Instituto, contrato que vencía la segunda semana de enero. El 11 de este mismo mes, la entonces directora Administrativa del Imdri, Laura Rodríguez, determinó adicionarlo por 11 días y con un costo de seis millones 106 mil pesos.

El 20 de enero del 2016, Rodríguez realiza los estudios previos para contratar el servicio por un plazo de 32 días y un monto de $17 millones 910 mil pesos, cantidad que no supera la mínima cuantía, por lo que la selección del contratista se indicaba debía hacerse bajo esta modalidad. El 27 de enero, Cepeda suscribe el contrato.

El 25 de febrero, antes de vencer el plazo, el nuevo director Administrativo, Rodrigo Chávez, determinó adicionarlo por 19 días con un costo de 8 millones 588 mil pesos y la cual es suscrita por Cepeda y revisada por el entonces secretario General, Ramírez Luna.

Ya para el 10 de marzo y teniendo en cuenta que el contrato vencía el 17 de marzo, el Director Administrativo argumenta que al demorarse entre 40 y 45 días la licitación, se hacía necesario realizar un proceso de mínima cuantía, mientras se llevaba a cabo el proceso de licitación para garantizar el servicio durante todo el año.

Por ello, se adelantó otro proceso para contratar por un mes y 11 días la vigilancia y al cual allegó propuesta M&O seguridad por un monto de 19 millones 29 mil pesos. El 18 de marzo se suscribe el contrato y nuevamente, el 18 de abril, se adiciona por 22 días “debido al abandono de la UT Parque Deportivo en 2015”.

Posteriormente, Rodrigo Chávez Torres, vuelve a elaborar los estudios previos en la que señala la necesidad de contratar el servicio de vigilancia por siete meses y 20 días con un costo de 239 millones de pesos, ésta vez sí a través de licitación pública, y que terminó adjudicándosele a la empresa Sepecol el 6 de mayo.

Según los hechos, el Imdri suscribió tres adiciones por 52 días y un monto de 24 millones 18 mil pesos, celebró dos contratos por mínima cuantía, por 36 millones 939 mil pesos, y finalmente acudió a la licitación pública por 237 millones 562 mil pesos.

“Significa ello, que la contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada del Imdri para el año 2016, tuvo un costo total de $298 millones 691 mil 527, el cual fue adquirido a través de dos contratos de mínima cuantía y tres adiciones (que sumaban $61 millones 128 mil 712) y finalmente a través de licitación pública, reflejando el fraccionamiento de esa contratación, la que tenía un mismo objeto, eludiendo la contratación a través de la licitación pública, con lo que no solo se desconoce ese mandato legal sino que además se vulneran los principios que inspiran la contratación estatal”, advierte la Procuraduría.

El Ministerio Público también deja claro que el Imdri disponía de recursos suficientes para contratar el servicio de acuerdo con la cuantía, es decir, a través de licitación, pues se afectaron rubros del Estadio Manuel Murillo Toro y el Parque Deportivo que oscilaban entre los 137 millones y 163 millones respectivamente.