Durante los dos últimos periodos de Gobierno, ha llegado a devengar honorarios cercanos a los 608 millones de pesos de acuerdo con la información suministrada por la veeduría ciudadana Informática y Buen Gobierno.

El ascenso vertiginoso de este abogado especialista en derecho agrario y administrativo ha estado vinculado a Jaramillo y al Polo.

Parra ingresó a la administración en abril de 2016, a través del contrato 240 y cuya función principal era la de prestar asesoría y apoyo jurídico a la toma de decisiones del despacho.

Por esta labor, Parra recibió 6 millones de pesos durante ocho meses y con un único pago por $5 millones, eso sí laborando 25 días calendario.

La supervisora del contrato fue la exsecretaria de Apoyo a la Gestión, María Fernanda Martínez, quien después de ser la mano derecha del Alcalde salió del Gobierno en medio del escándalo del convenio para el alumbrado navideño y que tiene a Jaramillo enfrentado a la justicia.

El segundo contrato, fue suscrito el 15 de febrero de 2017 con un pago de seis millones mensuales por 10 meses y uno adicional por 2 millones 600 mil pesos por tan solo 13 días de labores.

Llama la atención que en los informes de actividades, el exrepresentante a la Cámara, señala haber prestado asesoría jurídica a las secretarías de Hacienda, Planeación, Tránsito, Infraestructura y la Gestora, y “mantener en constantes reuniones con los funcionarios de despacho para asesorarlos jurídicamente”, pero no se da cuenta de los procesos.

Así mismo refiere haber elaborado documentos varios “dirigidos a entidades oficiales y privadas con el fin de impulsar tareas afines con la Secretaría de Planeación”.

Es de resaltar que la cercanía entre Jaramillo y Parra se remonta a tiempo atrás, pues siendo Jaramillo, secretario de Salud de Bogotá (2012), el excandidato a la Cámara recibió una orden de prestación de servicio para prestar asesoría jurídica y administrativa para el fortalecimiento de la gestión y de la planeación en salud del distrito por un valor de 100 millones 456 mil pesos y un plazo de nueve meses. En 2013 registró otra OPS con el Fondo Financiero Distrital de Salud.

Jaramillo ha depositado tal confianza en Gonzalo Parra que en 2004 llegó al Congreso a través de un acuerdo en el que se turnaría la curúl con Hugo Ernesto Zárrate, quien también se vinculó al Gobierno municipal como secretario de Gobierno.

Además, el Alcalde delegó en Parra su defensa en la supuesta falsificación de la firma de Gabriel Jaramillo Roncancio, primo del mandatario local.

Sin embargo, tras su aspiración fallida a la Cámara de Representantes en esta vigencia, Parra y como lo reconoció en una entrevista, cesó la vinculación laboral con la Alcaldía de Ibagué.

No obstante, funcionarios de la Alcaldía dan cuenta que el abogado continúa hablándole al oído a Jaramillo y que al parecer trata de inmiscuirse en los procesos de contratación, lo cual no hace parte de sus funciones.

Pero además, suena como candidato a suceder a Jaramillo al igual que Hugo Ernesto Zárrate y el exgerente del Ibal, José A. Girón.

Municipios con exiguos presupuestos

Parra también Parra habría suscrito al menos nueve órdenes de prestación de servicios con el municipio de Ortega entre 2013 y 2016. Según un recuento de los contratos, había devengado al menos $177 millones brindando apoyo en el área jurídica de este municipio, principalmente durante el gobierno de Óscar Roberto Neira, electo por el Partido Liberal.

Así mismo se halla una OPS con la Alcaldía de Villarrica para 2016, y cuyo plazo de ejecución era de ocho meses. Parra devengó honorarios por cinco millones 625 mil pesos y que equivalió a una cuantía de $45 millones, ejerciendo labores como abogado externo y representando al Municipio en procesos judiciales.