Ibagué está en riesgo de perder $500 millones tras exigencia de Ansv

Crédito: Archivo / EL NUEVO DÍALa instalación de un gran número de reductores de velocidad en la ciudad, en su momento generó toda una polémica por el inconformismo ciudadano.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial le pidió al Municipio que devuelva los recursos que se le entregaron a través de un convenio en 2017 en donde se instalaron varios reductores de velocidad.
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Miguel Bermúdez, concejal de Ibagué, puso en evidencia el riesgo que tiene el Municipio de perder $500 millones ante la exigencia de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), que mediante resolución le pide al Municipio devolver los recursos que se entregaron bajo convenio y que aparentemente no fueron ejecutados dentro del tiempo estimado.

La decisión se tomó luego de que se liquidara unilateralmente el convenio en 2019, y pese a las querellas jurídicas de la Administración municipal, hasta el 2 de julio la decisión seguía en firme.

El convenio en cuestión es el 027 de 2017 y tuvo como objeto “aunar esfuerzos para implementar estrategias en seguridad vial en Ibagué, conforme a las acciones de plan local de seguridad vial debidamente adoptado o por adoptar”, este mismo derivó en la instalación de un buen número de reductores de velocidad, situación que generó polémica en su momento.

El convenio fue suscrito por la exsecretaria de Infraestructura, Sandra Rubio, quien fungió como alcaldesa encargada, por un valor de $1.300 millones; mil millones de la Ansv y $300 millones del Municipio. 

La Agencia precisamente desembolsó $500 millones, mismos que ahora pide que se reintegren.

“Ibagué está en un debate jurídico, estamos en riesgo de tener la obligatoriedad de devolver esos $500 millones más intereses, según la información del debate de control político, la misma Administración nos muestra que el Municipio va a tener que devolver ese dinero, pagar esos $500 millones.

“El municipio perdió la oportunidad por no presentar a tiempo el cumplimiento de la suscripción de contratos que permitieran la implementación de otros $500 millones. Por una aparente negligencia por parte del municipio y de no querer materializar estos otros recursos ahora estamos en entredicho”, señaló Bermúdez. 

La jefe de la Oficina Jurídica Andrea Mayoral, explicó que la Agencia no estaría validando un informe que la Alcaldía anterior entregó, en donde detalla las acciones ejecutadas y pide una prórroga antes de que finalice el tiempo previsto, por lo mismo, desde la Alcaldía se han instaurado diferentes recursos para comprobar que sí se le dio cumplimiento al objeto del convenio.

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Credito
Redacción Ibagué

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