Lo ocurrido en Tierralta (Córdoba), cuando militares disfrazados de miembros de organizaciones subversivas amenazaron, ofendieron, maltrataron y retuvieron a habitantes de la población -incluidas mujeres y niños-, sin motivo alguno y para amedrentar, es algo que, por su gravedad, debe alertar al Gobierno Nacional, a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo y a todas las autoridades.

Este lunes se cumplieron cincuenta años del golpe de Estado propinado el 11 de septiembre de 1973 por el militar Augusto Pinochet contra el Presidente chileno Salvador Allende.

Las leyes estatutarias -de superior jerarquía sobre las demás, y reservadas para ciertas y específicas materias- no estaban previstas en la Constitución de 1886, ni en sus reformas. Fueron establecidas en la Constitución de 1991.

El primer fundamento de nuestra organización democrática, como lo declara la Constitución de 1991, es el respeto a la dignidad de la persona humana.

En reciente debate académico sobre el papel del periodismo en una democracia, a la vez que subrayábamos las libertades de expresión, información, investigación, denuncia y crítica -esenciales en un sistema jurídico que excluye toda forma de censura-, también destacábamos la importancia de la responsabilidad que asumen medios y periodistas a partir del ejercicio de esas libertades.

Para que el Estado -en particular, si se proclama democrático- tenga sentido como organización política de la sociedad y pueda alcanzar los objetivos y realizar los valores que ella procura, resulta indispensable que las instituciones funcionen, es decir, que los principios y normas contemplados en ejercicio de la soberanía -por la Constitución- sean aplicados, inclusive en el evento de una crisis o en épocas turbulentas o especialmente complejas.

El artículo 2 de la Constitución confía a las autoridades la función de proteger a todas las personas en sus derechos y libertades.

Debemos enfrentar la realidad y entender que los hechos, como decían los abuelos, son tozudos. Es decir, tercos, obstinados, insistentes.

Siempre hemos pensado que, siendo de interés público -diríase que de interés público fundamental- los debates que se surten en la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de la guarda de la integridad de la Constitución, deberían ser públicos. Ello permitiría no solamente que el ciudadano del común estuviera bien informado acerca de los argumentos y criterios de los magistrados y su razonada exposición, confrontación y votación, sino que evitaría la inconveniente especulación mediática sobre proyectos de fallo -indebidamente filtrados-, que se ha vuelto costumbre, en especial cuando se trata de asuntos altamente controversiales.

Algunos acontecimientos, actos y discursos recientes sugieren la necesidad de hacer precisiones, con miras a evitar equívocos y confusiones que perjudican a la sociedad: