La inscripción de candidatos para gobernaciones, alcaldÃas, asambleas, concejos y juntas locales a primera vista resulta ser un interesante fenómeno de participación polÃtica en Colombia. Según los últimos datos, alrededor de 100 mil personas se inscribieron como candidatos en cerca de 10 mil listas dentro de las cuales, más de 30 mil candidatos son mujeres. En el Tolima se inscribieron cuatro mil 200 candidatos. El balance, de entrada, es alentador en cuanto expresa avances dentro del propósito de fortalecer los partidos como organizaciones serias, responsables y democráticas de expresión polÃtica.
Sin embargo, las recientes inscripciones de candidatos dejan al descubierto más de tres o cuatro fallas que resulta necesario corregir a corto plazo. La principal de ellas resultó ser el atajo legal, utilizado entre otros por el profesor Mockus, reconocido nacional e internacionalmente precisamente por combatir la cultura de los atajos, o sea de las sendas que abrevian los caminos haciéndole el quite soterradamente a la legalidad en beneficio de una pretensión de exclusivo interés personal. Tanto Mockus como Jaime Castro y Petro utilizaron especiales atajos legales para su inscripción.
Hablando seriamente de partidos polÃticos, se presume que sus candidatos son militantes del partido, que llevan años de participación activa en sus respectivas organizaciones partidistas. El paÃs conoce desde hace décadas que Jaime Castro es un curtido jefe liberal; que Mockus militaba en el Partido Verde y Petro, de manera destacada y consecuente, en el Polo.
Sin embargo, en pocos meses, Petro conformó el movimiento Progresistas; en cuestión de dÃas, Mockus resultó ser miembro de la Alianza Social Independiente y, en pocos minutos, Jaime Castro apareció como integrante de la organización polÃtica Autoridades IndÃgenas. En el Tolima, un reconocido dirigente liberal, también de la noche a la mañana, resultó ser candidato a la Gobernación de la ASI.
En estos casos, las organizaciones polÃticas cuestionadas parecen apostarle más al negocio de la reposición de votos que a la consolidación de su propio ideario polÃtico. O sea: venden bien los avales. Los partidos no se pueden constituir de acuerdo a los ejes constitucionales vigentes para hacer negocios con su personerÃa, sino para afianzar propuestas polÃticas de claro contenido conceptual que expresen el pensar y el sentir polÃtico de sus militantes. Lo otro es, simple y sencillamente, un buen negocio económico-electoral, contrario a los fines axiológicos de expresión democrática en Colombia.
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