Editorial: Infiltrados en la nómina estatal

No se piense que es asunto nuevo ni se trata de casos aislados, pues quienes ya peinan canas (o no peinan nada) recuerdan que una de las ocasiones por las que Alberto Santofimio ha pagado tiempo en prisión tuvo que ver con la contratación de muertos, personas inexistentes o analfabetas como asesores de la Cámara

A propósito del escándalo divulgado por cuenta de la detención de un integrante de la unidad legislativa de un congresista de la U, que a la vez es hijo de la directora financiera del Senado y del director de ese partido en el Huila, detenido con cerca de 700 millones de pesos en un carro dado de baja por el Congreso hace dos años y que todavía figura en los registros de tránsito como de propiedad del Senado, es preciso recordar algunas historias y concatenar las revelaciones recientes.

No se piense que es asunto nuevo ni se trata de casos aislados, pues quienes ya peinan canas (o no peinan nada) recuerdan que una de las ocasiones por las que Alberto Santofimio ha pagado tiempo en prisión tuvo que ver con la contratación de muertos, personas inexistentes o analfabetas como asesores de la Cámara cuando el hoy condenado jefe político fue presidente de la Cámara. Debe añadirse que el producto de esos pagos no pudo determinarse por cuenta de unas maniobras bien peculiares.

Volviendo al presente el detenido que es conocido con el alias de “el flaco” manejaba un automóvil dado de baja y vendido a una compañía en un remate de un lote de 80 vehículos, 16 de los cuales todavía tienen placas del Congreso, lo que les permite transitar sin pico y placa, estacionar donde le plazca a su conductor y evadir los controles de las autoridades.

Si bien la laxitud de algunos organismos judiciales ha permitido que en el pasado connotados políticos deambulen con cantidades de dinero similares sin ofrecer clara explicación sobre el origen del mismo, en esta ocasión las informaciones de las autoridades señalan que el vehículo ha permanecido por largo tiempo en el Huila al servicio de la familia de la funcionaria del Senado, que el conductor intentó sobornar en dos ocasiones a los policías encargados del operativo y que se tiene noticia de que este vehículo y otros en similares condiciones han servido para el transporte de los dineros de organizaciones por fuera de la ley, que aprovechan las particulares circunstancias que rodean a estos automóviles.

Las explicaciones y determinaciones de las directivas del Senado no son oportunas ni suficientes y es de esperar una concluyente reacción de los mandos del partido de la U que han prohijado y avalado la actuación de todos los involucrados en el escándalo y de esta particular familia en la nómina y negociaciones del Congreso y el movimiento político.

El país espera claras y contundentes determinaciones, complementarias de las decisiones judiciales.

REDACCIÓN EDITORIAL

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