No hay duda de que los conflictos que han ensangrentado el territorio colombiano han tenido que ver con la propiedad y el uso de la tierra. Razón por la cual y a la cabeza de los intentos por alcanzar la paz está el tema de la tierra, la restitución de las propiedades despojadas por los violentos de todos los pelambres y la reparación de las víctimas.
Cuatro años después de la expedición de la Ley de Víctimas y tras enormes esfuerzos presupuestales y legales es poco lo que se ha avanzado. De hecho, solo el 3.4 por ciento de las solicitudes de restitución han podido solucionarse a satisfacción, con decir que en el Tolima, que es el cuarto departamento en avance de los procesos de restitución, tan solo han culminado 362 de las cinco mil 857 demandas interpuestas y en 11 departamentos no se ha culminado ningún proceso.
A más de incompetencia, falta de compromiso y abulia de algunos funcionarios (que las ha habido) se han atravesado numerosos obstáculos originados en poderosos intereses que se han valido no solo de connotadas “ baterías legales” e influencias gremiales hasta de organizadas bandas armadas que desde el principio han librado una guerra a muerte contra los reclamantes de tierras, situación que se ha agravado con el correr de los días y, particularmente, en el pasado reciente.
De esta oposición no han estado ausentes grandes empresas que, mediante artilugios o desdeñando claras indicaciones en la irregularidad de los procesos adquirieron grandes extensiones en Córdoba, Bolívar, Chocó, Antioquia y Cesar con el objeto de adecuarlas a la producción industrial de aceite y alcohol.
Recientemente y con el auspicio de la Procuraduría que solo se mueve a través de un emplasto de naftalina, oscurantismo, fanatismo y protección de poderes espurios se ha coordinado un ataque contra los procesos de restitución, en el que ha tomado protagonismo el presidente de los ganaderos quien a falta de argumentos ha resuelto desbordar el límite de los decibeles en sus intervenciones. Mucho le hubiera agradecido el país si siquiera hubiera musitado cuando el Fondo Ganadero de Córdoba se prestaba para la usurpación de tierras de los campesinos de ese departamento con la complicidad de notarías de la región y con el uso de las bandas armadas de los hermanos Castaño o su parienta Sor Teresa. Para no hablar de lo acontecido en la similar organización de Caquetá o del Huila cooptadas por los narcos.
El Gobierno debe emplearse a fondo y brindar la protección física y jurídica a los miles de reclamantes y procesos legales que se desarrollan en el país. Allí está la clave de la solución de gran parte del conflicto.
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