El país ha presenciado recientemente un proceso de ejercicio de autoridad y de cumplimiento de funciones establecidas por la ley en una institución que no tenía muy elogiosos antecedentes en la vida nacional. Es el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio, a cuya cabeza se encuentra Pablo Felipe Robledo.
Como muy pocos de los que han ocupado el cargo mencionado arriba y similar escasez en otras posiciones con iguales responsabilidades el Superintendente y su equipo han librado una prolongada batalla para preservar una circunstancia esencial para la existencia de una economía de mercado: la libre competencia.
Que no es otra cosa que evitar que empresas que conforman un oligopolio (un reducido número de oferentes en un mercado determinado) acuerden entre sí fórmulas para operar como un monopolio, a través de herramientas como el precio, los descuentos, el reparto de regiones y la calidad de los productos o servicios.
Tal comportamiento está taxativamente prohibido por la ley en decenas de países y su incumplimiento entraña onerosas multas y sanciones que llegan hasta la intervención de las empresas infractoras.
La labor de la Superintendencia no ha estado exenta de oposición y ataques, no solo de los sectores económicos afectados y partidos políticos afines o deseosos de causar turbulencia, sino de organismos del Estado que deberían estar colaborando con la protección del consumidor y el imperio de la ley, por encima de poderosos intereses económicos.
Que no son de extrañar ante los continuos embates de la Procuraduría a favor de los despojadores de tierras en el caso de la aplicación de la Ley de Víctimas y las investigaciones y amenazas contra el Superintendente Robledo por su tesonera y ejemplar labor.
Existe expectativa por los resultados del informe del Superintendente Delegado en el caso del cartel de los cuadernos, en el que tres conocidas empresas se han repartido el mercado por varios lustros con procedimientos irregulares que le han significado miles de millones de pesos en perjuicios y sobrecostos al ciudadano colombiano.
Ya se sabe de delaciones en procura de rebaja de sanciones, como ha ocurrido con los pañales y el azúcar y como se estima ha de ocurrir con el cemento, la vigilancia privada y los remates ganaderos, todos contubernios que han perjudicado, en materia grave, el presupuesto de las familias colombianas.
Afortunadamente el Gobierno se ha amarrado los pantalones y ha apoyado sólidamente las tareas de la Superintendencia y no se ha dejado amedrentar de los oscuros intereses que se mueven en el trasfondo y que no tienen empacho en usar toda clase de armas, desde las de fuego hasta las jurídicas, para preservar las anómalas situaciones.
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