Mientras dentro y fuera del país se persigue con denuedo la esquiva paz de Colombia cada día se hacen más visibles e intemperantes los sectores que abominan esa posibilidad y pretenden conservar y expandir el poder y la riqueza que han logrado obtener, las más de las veces por el uso de la fuerza y la injusticia.
Los permanentes ataques a las leyes de Víctimas y Restitución de Tierras son muestra clara de que se están pisando callos y que, como ocurrió con la Reforma Constitucional de 1936 se rebasará cualquier escollo para evitar el imperio de los derechos, aún si eso significa nuevos ríos de sangre.
En el Congreso, con un cinismo superlativo, sectores extremistas la han emprendido contra la Ley 1448 con argumentos que no resisten el menor análisis, así como desafían la más elemental comparación con los resultados de otras iniciativas.
Basta tomar al desgaire algunos razonamientos: el alto costo. La Ley 1448 ha empleado en 4 años 836 millardos de pesos, mientras el sector Defensa gasta en un año 28.2 billones de pesos. Y ni hablar de lo que cuesta el Ministerio Público y sus sesgados y precarios resultados.
Los logros: tan solo se han restituido dos mil 482 predios de los 73 mil que están en vía de reclamación. Mas si se compara objetivamente con los resultados de la Ley 975 de Justicia y Paz se encuentra que en 10 años ha producido apenas 22 restituciones y que la Ley 793 de 2002 en 13 años ha extinguido (sin haber podido recuperarlos efectivamente por la acción de grupos armados y baterías legales) apenas 730 predios.
Se arma en el Congreso un enorme escándalo con 177 casos interpuestos por “falsas víctimas” (ya conjurados y sancionados) que corresponden apenas al 0.2 por ciento de las reclamaciones.
Se soslaya que las reclamaciones son claros actos de justicia para con quienes fueron despojados a sangre y fuego por grupos armados (ilegales y legales) en contubernio con políticos, notarios, jueces y empresarios que ahora esgrimen la peregrina excusa de la buena fe en las adquisiciones.
A pasos agigantados se va perdiendo el reato y el Clan U, tanto con su brazo político como con el armado, busca crear el desasosiego y la intranquilidad en la sociedad con fórmulas que, en ocasiones, recuerdan las empleadas por clanes familiares como los Escobar Gaviria y los Ochoa Vásquez y demás asociados que recurren a planes pistola contra uniformados, manifestaciones y paros armados coordinados como prueba de su espurio poder.
Es preciso volver los ojos al pasado y repasar lo ocurrido en los últimos 70 años para impedir que se repitan los hechos de sangre y violencia. Faltaría más que se alcanzara la paz con unos violentos para que el país tuviera que soportar, otra vez, la violencia del otro lado del espectro político.
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