El país ha presenciado a lo largo de los últimos meses un espectáculo en el que se mezcla la impotencia de las instituciones para controlar el más desvergonzado de los saqueos y la desfachatez con la que actúan las mafias que se han apropiado de sectores y recursos esenciales para aliviara los requerimientos de los segmentos más desprotegidos de la población.
Ni siquiera si se emplean a fondo los funcionarios que tiene a su cargo las entidades para conjurar el oprobioso accionar, pues sin reato alguno, congresistas que han participado de la sustracción acuden al Legislativo a pedir la cabeza de quienes pretenden sanear las nocivas componendas.
Ni se piense que el despojo es de ocurrencia reciente o que los criminales actúan al amparo de las sombras, pues como se puede advertir en la misma región , hay grupos políticos que se han adueñado por lustros de los recursos de la alimentación de los estudiantes, de los bienes expropiados por la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes, de los presupuestos de los hospitales y puestos de salud y de las soluciones de agua potable y tratamiento de aguas servidas a la vista y con el conocimiento de todos.
Aquí aparecen de la noche a la mañana sorpresivos propietarios de hoteles y centros de recreación, surgen nuevos hacendados en fincas expropiadas, se multiplican los contratos con ignotas firmas constructoras que prueban a la saciedad que lo ignoran todo acerca de acueductos, restauración de íconos arquitectónicos, escenarios deportivos, vías y andenes y hasta remoción de tierras, excepto de la fórmula secreta para que les sean asignados contratos sin siquiera molestarse en hacer coincidir las sumas en los presupuestos presentados.
Como hienas y por todo el país están prestos a caer sobre los presupuestos y botines como los 680 millardos de pesos que el Gobierno destina por año a la alimentación de los alumnos de las entidades oficiales. Son recursos que se convierten en feria para los antisociales. No importa si los usurpadores de los dineros y recolectores de la mayoría desaparecen física o políticamente, ya que el entramado configurado es invulnerable a los cambios de gobierno o el relevo de las administraciones.
No importa si el abuso es flagrante, como ha ocurrido con la alimentación de los escolares tolimenses que han tenido que soportar que el pan de los refrigerios de municipios como Rioblanco o Planadas provenga de sitios como Pereira, por cuenta de las repartijas de presupuestos del orden nacional o que sujetos que han pasado por la Alcaldía de Ibagué continúen recibiendo cuota diaria derivada de los contratos irregulares de proveedores de la alimentación de los escolares.
Afortunadamente han comenzado a presentarse casos como los de Aguachica, Arauca, Córdoba, La Guajira y Chocó, en los que los cómplices del saqueo (alcaldes, gobernadores, directores de planeación, rectores y maestros) están siendo llevados a los tribunales a responder por su inicuo comercio. Y aquí en Ibagué seguimos a la espera.
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