Editorial: La infamia extrema

¿Hasta dónde puede llegar la degradación de un colectivo y cómo los abusos de los grupos armados tuvieron (y tienen) en el terror a cientos de miles de colombianos? Es la tarea que debe enfrentar la sociedad colombiana para conocer la verdad, por horrenda que sea, para así señalar y perseguir a los culpables y lograr que esas abyecciones jamás vuelvan a ocurrir.

El cúmulo de tribulaciones que provienen de una situación de confrontación interna como la que ha vivido Colombia por años sin cuento no debería ya generar asombro ni estupefacción, pero, en ocasiones, ese bloqueo espiritual que es consecuencia de la repetición de la barbarie es desbordado por actos que superan los más torvos designios e inimaginables perversiones.

Es el caso de Lucila Inés Ramírez de Moreno, la que fuera directora del colegio Nuestra Señora del Rosario, en Riachuelo una población de Charalá en Santander, quien en maligno contubernio con su esposo Luis María Moreno Santos, exconcejal del municipio, se dedicaron, entre los años 2001 y 2003 a entregar a las hordas paramilitares del llamado Bloque Central Bolívar a los niños y niñas que estudiaban en la institución regentada por Ramírez para saciar los apetitos sexuales y perversiones del grupo de criminales.

La “educadora” organizaba reinados de belleza y quienes allí se destacaban eran entregados como trofeos a los miembros de la banda que comandaban “Julián Bolívar” un facineroso de nombre Rodrigo Pérez Alzate y el ubicuo “Ernesto Báez”, ambos procesados con 25 denuncias sobre sus cabezas.

Las acusaciones contra la directora parecen una relación sobre las formas de depravación y no sobre alguien a quien se le había encomendado ser la guía de una generación de habitantes del municipio santandereano. La Dirección Nacional de Análisis y Contexto de la Fiscalía General de la Nación ha elaborado esa lista del oprobio: Concierto para delinquir, secuestro agravado, acceso carnal violento, esclavitud sexual y reclutamiento ilícito.

A lo anterior se añade que su esposo (hoy también detenido en Bucaramanga) está acusado de haber asesinado a un campesino y haber enterrado el cadáver en el patio del colegio.

Se han documentado los abusos cometidos al menos contra una docena de niños y niñas y la pareja alega en su defensa que eran las víctimas quienes acosaban a los integrantes del grupo armado ilegal.

¿Hasta dónde puede llegar la degradación de un colectivo y cómo los abusos de los grupos armados tuvieron (y tienen) en el terror a cientos de miles de colombianos? Es la tarea que debe enfrentar la sociedad colombiana para conocer la verdad, por horrenda que sea, para así señalar y perseguir a los culpables y lograr que esas abyecciones jamás vuelvan a ocurrir.

Falta, eso sí, que haya quien salga en defensa de Ramírez y Moreno con el argumento de la persecución política. Casos se han visto.

REDACCIÓN EDITORIAL

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