Como prueba de que acontecimientos internacionales afectan radicalmente los propósitos nacionales está lo sucedido con entidades panameñas a lo largo de los dos últimos meses.
En primer lugar, el escándalo mundial que vino a llamarse como Papeles de Panamá, por cuenta de la revelación sobre los archivos de una oficina de abogados del Istmo (apenas la cuarta en tamaño) que se había convertido en un centro de manipulación para que ciudadanos de todos los países evadieran impuestos, hicieran aparecer costos inexistentes, lavaran dinero sucio y registraran pagos a asesores fantasma y tortuosas operaciones cuyo resultado consistía en afectar al fisco de diversos países y ocultar fortunas mal habidas. También servía para que personas y empresas que llevan a cabo operaciones internacionales tuvieran una sede alternativa, a través de la cual pudieran enfocar sus negocios y manejar sus cuentas legales y registradas.
Como lo recuerda el lector, la revelación sobre las actividades del bufete panameño (que tenía sucursales en no menos de 50 países) sirvió para que el Gobierno de ese país procediera a aceptar los reclamos del Gobierno colombiano y procediera a intercambiar información financiera y fiscal sobre entidades y personas colombianas de manera que se pudiera ejercer control sobre los depósitos y propiedades de nacionales en el exterior, que el mismo ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, estima superiores a los 100 millardos de dólares.
Pues bien, la nueva actitud del gobierno de Varela, aupada por el escándalo mencionado, ha de tornarse aún más dócil con la captura de los propietarios de la multinacional Wise, de origen panameño y conocida como propietaria de la cadena de tiendas La Riviera, que tiene presencia en más de un centenar de aeropuertos y centros comerciales. Instalaciones que manejan cosméticos, perfumes y artículos de lujo exentos de impuesto y cuyas transacciones se efectúan en dólares.
El Gobierno de los Estados Unidos acusa a miembros de la familia Waked de haber servido de intermediarios para lavar dinero del narcotráfico proveniente del Cartel del Sinaloa en México.
El asunto tiende a complicarse en Colombia, ya que la misma presidencia del Congreso exige información sobre la razón por la que todos los requerimientos hechos con respecto a La Riviera, tanto en el Invima como en la misma Superintendencia, se habían visto frustrados en el pasado por razón de la existencia de intereses muy poderosos y oscuros que siempre se interpusieron en las investigaciones del Legislativo.
El país requiere saber qué hay detrás de este nuevo escándalo. Que conste que esta tampoco es persecución política.
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