Se ha podido establecer que la capital del Tolima tiene una capacidad de endeudamiento de cerca de 110 millardos de pesos, poco para una urbe que tiene casi 600 mil personas, pero suficiente para atender los requerimientos de las primeras de cambio de la actual administración.
Por supuesto que esos requerimientos deben someterse al tamiz del Concejo y en la medida en que las propuestas resulten viables podrá darse curso a las iniciativas. No habrá, como ocurrió hace cuatro años, una autorización por cien millardos de pesos, que se obtuvo y que tan solo al final del período vino a utilizarse en los propósitos anunciados, poco y mal; ya que el resto se diluyó, como se ha ido sabiendo, en cotrataciones a dedo, en favorecimiento a ineptos y en un desperdicio ofensivo.
La mala estrella de la ciudad y tremendas equivocaciones políticas del electorado han hecho que se trace una sinuosa curva en la que a un período de despilfarro sigue otro en el que al mandatario de turno le corresponde ajustarse el cinturón para arreglar las cargas y reparar el daño causado por los depredadores.
Si de algo sirve, basta con que el lector haga memoria de lo ocurrido en los últimos lustros para encontrar los efectos de los precarios manejos.
Pues bien, lo que sucedió no tiene remedio, si acaso acometer contra las entidades que proporcionaron las pólizas de garantía de los contratos o repetir contra los cómplices del saqueo y el despilfarro, situación que si se tiene en cuenta la historia, no ha ocurrido a menudo y en las pocas ocasiones en que se ha procedido no ha habido continuidad ni persistencia entre los que pretendieron resarcir el erario tras los festines.
Queda entonces la disponibilidad. Con loable propósito en lo primero en que se ha pensado es en la educación; bien para la inversión que debe hacerse en infraestructura para la jornada única, bien para la alimentación de los estudiantes, un elemento básico para la retención de los alumnos.
De otro lado, se ha comenzado a especular sobre posibles inversiones mediante las asociaciones público privadas (APP), que apenas comienzan a decantarse y, sin duda, requieren de revisión y evaluación para evitar contratiempos y falta de oportunidad.
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