Lazos familiares

En 1991, los constituyentes intentaron erradicar los vicios de la política. Hoy, casi treinta años después, la experiencia nos indica que, por lo menos en este caso, no consiguieron su propósito.

El nepotismo, según lo define la RAE, es la “desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos”, dicha práctica fue prohibida por el artículo 126 de la Constitución Política que reza: “Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente”.

 No obstante la clara prohibición, nuestros políticos han conseguido la manera de perpetuarse en el poder y manejar regiones enteras a través de sus familiares y amigos. En realidad no importa el nombre del partido político, pues pueden ser liberales, conservadores, del partido de la U, Cambio Radical o del Centro Democrático. Las ideas y los programas son lo de menos; sus integrantes pasan de un partido a otro sin siquiera sonrojarse, según sea la conveniencia del momento político.

No sobra mencionar algunos de estos clanes: la familia Char ostenta el poder no solo político sino también económico en el Atlántico; los Aguilar, en Santander; Dilian Francisca Toro consolidó su grupo en el Valle del Cauca; la familia Gnecco, en el Cesar; Bernardo el “Ñoño” Elías y Musa Besaile, en Córdoba, y Juan Carlos Sinisterra, en el Chocó. En el Tolima, los grupos de los partidos tradicionales liberal y conservador tenían apellido: santofimismo, jaramillismo, angulismo, neirismo, garciísmo, etc.

 En los últimos años se gestó un nuevo clan: el barretismo, cuya cabeza visible es Óscar Barreto. El resultado de estos años de paciente entramado lo estamos viendo hoy en la Gobernación y la Alcaldía (claramente expuesto en este diario bajo el título de “El ‘roscograma’ barretista”): el sobrino del exgobernador es el secretario General de la Gobernación, el primo del exgobernador es senador de la República, la esposa del primo del exgobernador, que a su vez es hermano del senador, es la gerente de Infibagué, entidad de la Alcaldía; la esposa de otro sobrino del exgobernador es firme candidata a ser la personera de Ibagué. La directora de Cortolima ha acompañado al exgobernador en sus dos mandatos; además de ser la directora de la Corporación Autónoma Regional, encargada de entregar licencias ambientales y concesiones de agua, tiene a su hijo como director de las Tecnologías y Comunicaciones de la Gobernación y a su hermano como secretario de Hacienda de la Alcaldía. Se trata de una habilidosa maniobra legal, pues técnicamente el barretismo no está violando la Constitución, ya que la directora de Cortolima no ha nombrado a su hijo ni a su hermano en ningún cargo público y el exgobernador Barreto no posee ya ningún vínculo con el Estado.

Es probable que los funcionarios antes mencionados tengan los méritos suficientes para desempeñarse en los cargos para los que fueron nombrados; sin embargo, deja un mal sabor que estos nombramientos se deban a sus apellidos y a sus lazos familiares, más no a que sus hojas de vida fueran las más idóneas para responder a las necesidades del departamento o de la ciudad.

En 1991, los constituyentes intentaron erradicar los vicios de la política. Hoy, casi treinta años después, la experiencia nos indica que, por lo menos en este caso, no consiguieron su propósito.

EL NUEVO DÍA

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