El pasado 23 de marzo se registró un aumento inusual en la sismicidad del volcán Machín, localizado entre Ibagué y Cajamarca. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), en las primeras horas de ese día contabilizaron más de 150 sismos, dos de ellos de magnitudes 4.2 y 4.0. Hay que anotar que desde diciembre de 2022 no sucedían sismos de magnitud 4.0 o más. Pese a ello, la alerta amarilla se mantuvo.
De acuerdo con la información del SGC, el Machín “tiene un gran potencial explosivo y por su composición química, magnitud de sus erupciones y la gran extensión de sus depósitos se cataloga como uno de los volcanes con mayor potencialidad de daño en Colombia, cuya actividad futura podría afectar intensamente, durante mucho tiempo (meses hasta años), una región muy estratégica para la economía”. Una eventual erupción afectaría poblaciones del Tolima, Quindío, Valle del Cauca y Cundinamarca.
Es por ello que la Procuraduría General de la Nación alertó a seis municipios de la zona de influencia del volcán en el Tolima (Cajamarca, Ibagué, Valle de San Juan, Suárez, Piedras y Venadillo), con el fin de que los mandatarios cumplan con las obligaciones que tienen con respecto a la prevención y atención del riesgo de erupción. Así mismo, deberán fortalecer los planes de acción ante cualquier emergencia. El ente disciplinario recomendó, además, a las alcaldías de Ibagué y Cajamarca que incorporen la gestión del riesgo en la revisión o aprobación de sus respectivos planes de ordenamiento territorial.
Por su topografía, Colombia es un país expuesto a los desastres, ocasionados por fenómenos naturales y climáticos, terremotos y erupciones volcánicas. En época de lluvia, las amenazas provienen de las inundaciones y los deslizamientos; en tiempos de sequía, las calamidades son por cuenta de los incendios forestales, y ya hemos conocido los efectos devastadores de una erupción volcánica (Armero) y terremotos (Popayán y Armenia). Las más perjudicadas son las poblaciones que viven en condiciones de vulnerabilidad. Esto hace imperativo que, además de la actualización de los planes de contingencia, la educación sobre la prevención del riesgo sea obligatoria y permanente en todas las comunidades.
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