La vía principal de Picaleña que conduce a la capital de la República, estuvo cerrada durante varios minutos debido a la manifestación protagonizada por los habitantes de la Urbanización San Martín; esto, ante las notificaciones de Espacio Público que les da 30 días para que abandonen su viviendas y paguen una millonaria indemnización por ocupar terrenos del Invías.

La comunidad solicitó un pronunciamiento de la Administración municipal para saber cuál será su futuro, ya que muchos son adultos mayores que llevan más de 40 años viviendo en el sector, el barrio no solo cuenta con escuela pública, sino también vías pavimentadas, todos los servicios públicos domiciliarios y además pagan el impuesto Predial.

El desalojo

Johanna Rondón, habitante del sector, aseguró que la solicitud de desalojo se debe a que Invías pide el espacio por donde cruzó la vía férrea y Progasur manifestaría que las viviendas están construidas sobre el tubo madre de gas, tal como lo habría asegurado el secretario de Gobierno, Gustavo Hernández, a la presidenta de la Junta, Fabiola Valencia, hace pocos días.

La comunidad asegura que la vía férrea ya no existe, y que el supuesto tubo del gasoducto pasa es a 200 metros, es decir al otro lado de la vía principal de Picaleña, muy cerca a donde se construye las sedes de la Policía Metropolitana y del Tolima.

Ante esto EL NUEVO DÍA se comunicó con William Triana, gerente nacional de Progasur, quien expresó no tener identificado ese sector como entre los de mayor peligro por la cercanía al gasoducto, pero dijo que se dispondrá de personal para verificar y hacer los análisis respectivos.

El proceso

Desde el 2000 la presidenta de la Junta de Acción Comunal, Fabiola Valencia, asegura que ha tratado de hacer la legalización del barrio, por lo tanto viajó en varias oportunidades a Bogotá. En el Ministerio de Vivienda le pidieron unos requisitos, y así se dieron cuenta que el predio había sido entregado a Invías y por tal razón se detuvo el proceso.

Al recurrir a Invías y al Ministerio de Transporte, les aseguraron tener proyectado volver a implementar la vía férrea en esa zona, pero al conocer que sobre el terreno estarían más de 2 mil familias, decidieron proponer una reunión con la Administración municipal para tratar de llegar a un acuerdo respecto al terreno.

Para agosto se había programado la reunión pero el alcalde Luis H., la habría cancelado quedando para septiembre, pero por la agenda de los funcionarios del Ministerio nuevamente se aplazó, a la fecha se desconoce cuándo será la dicha reunión, por ahora hay preocupación en la comunidad ante los documentos que han recibido de la Alcaldía.

Las acciones

Con el llamado de atención de Espacio Público se han empezado a interponer varios recursos jurídicos, como una tutela y varios derechos de petición, ya que catalogan de injusto el plazo de 30 días para abandonar, demoler y pagar una indemnización al Estado, cuando muchos de ellos dicen haber comprado las viviendas, y quedarían literalmente en la calle.

María Olaya, afirma que en la resolución que le llegó le estarían cobrando como compensación cerca de 25 millones por ocupar un bien del Estado, a pesar que asegura pagar el impuesto Predial. Recalca su avanzada edad y que después de tantos años habitando el sector le vengan a hacer ese tipo de solicitudes.

La presidenta de la Junta aseguró que los funcionarios del Ministerio de Transporte le afirmaron que la última decisión estaba en ellos los dueños del predio y que la Administración debía hacerse responsable, ya que fueron los que permitieron durante años que eso sucediera.

Dado el caso que el proceso de restitución del inmueble prospere, la comunidad asegura que como mínimo se les debe pactar una reubicación por la confianza legítima que les otorgó el gobierno local durante años, y por eso piden que el Alcalde “les dé la cara”.

De no tener una respuesta pronta contrario a lo que afirma la presidenta de la JAC de continuar únicamente mediante las vías de derecho, una gran cantidad de los habitantes del barrio aseguran que la toma de la calle fue el inicio de las vías de hecho, ya que si es necesario recurrirán a diferentes instancias para ser escuchados.