El informe de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación, hecho durante febrero del presente año, indagó sobre el estado administrativo, financiero y contractual de la Universidad del Tolima desde el 2012 hasta el 2016, encontrando presuntas irregularidades que vendrían desde la estructuración de la política laboral que implementó el exrector (e) Héctor Villarraga en sus ocho meses de administración y que han aumentado en el periodo de José Herman Muñoz.

Antes de la reforma de 2012 se contaba con 295 cargos en la UT, pero con la política laboral se aumentó a 639 cargos, pasando de tener dos puestos de nivel directivo a 78, además fueron contratados cuatro asesores (cargos que no existían), en el nivel profesional pasaron de tener 42 a 163 personas y en cargos asistenciales de 93 a 229; y según el Ministerio, esto no habría tenido un estudio de impacto.

En Mayo de 2013 la Contraloría emitió un control de advertencia para tomar correctivos inmediatos ante un posible detrimento económico, ya que habría comprometido 16 mil 491 millones de pesos, de los cuales, 12 mil 086 millones de pesos corresponderían al costo de la nómina, y cuatro mil 404 millones de pesos al incremento salarial que se registró con la política laboral.

Los inspectores del Ministerio al revisar la documentación, determinaron que dicha política carecía de un estudio técnico y de la viabilidad financiera estructural el cual incluyera todas las variables y apropiaciones que indicaran la sostenibilidad luego de la implementación, además, que el estudio comparativo de la planta de personal se había hecho con referencia a las universidades de Antioquia y la Surcolombiana.

Por su parte, la Procuraduría en 2013 requirió el listado de las nuevas personas que fueron vinculadas, al igual que las especificaciones de la ampliación de la planta; y solicitó indagar sobre los responsables de no incluir dentro del presupuesto apropiaciones necesarias y suficientes cuando existía la posibilidad para cubrir el déficit fiscal, el servicio de la deuda pública y atender debidamente el pago de sentencias, como también créditos judiciales reconocidos, laudos arbitrales, conciliaciones y hasta servicios públicos domiciliarios.

El Ministerio solicitó que se articulen los resultados de dicho informe con entidades de control como la Procuraduría y la Contraloría, para que se establezcan eventuales responsabilidades administrativas, y se accione la implementación de correctivos y ajustes en la política laboral de la Universidad, que está vigente desde agosto de 2012.

A la defensa

Héctor Villarraga habló con EL NUEVO DÍA, sobre su presunta responsabilidad en el descalabro de la UT, y aseguró que el Ministerio con ese informe quiere encubrir las responsabilidades del actual rector, porque tendría un supuesto pacto con los liberales que lo han apoyado, y que además compartiría culpas por ser parte del Consejo Superior.

El exrector explicó que: “En 2012 estaban vigentes dos circulares, una de la Contraloría, y la otra de Mintrabajo, indicando que las autoridades del Estado tenían un plazo de dos años para acabar con nóminas paralelas; y la UT tenía una muy grande que se creó después de la Ley 30 por requerimientos administrativos de Mineducación y la ampliación de la oferta académica.

“El Consejo Superior nos ordenó normalizar la planta laboral, e hicimos un estudio técnico y de factibilidad financiera y la cantidad que nos arrojó fue la que se contrató, al ver los detalles del estudio encontramos que desde las administraciones anteriores se había ahorrado cerca de 30 mil millones de pesos como recursos de balance, los cuales estaban libres de responsabilidad y fueron entregados a José Herman”, indicó.

Según Villarraga el Consejo Superior en su momento, determinó que ese dinero se debía dividir en 15 mil millones de pesos para infraestructura educativa y el restante como soporte de la nómina por si faltaban recursos.

Y que supuestamente de los cuatro mil 404 millones de pesos apropiados en 2012, solo se ejecutó el 40 por ciento.

Por lo tanto, afirmó que: “Nosotros para la estructuración de salarios hicimos lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, y nadie quedó ni en el nivel bajo, ni en el alto de remuneración, sino que en el rango medio; además, fue revisado por dicho Departamento en Bogotá y avalado por el Consejo Superior, y contamos con todos los estudios de factibilidad tanto técnico como financiero”.

Repartió culpas

A pesar que negó cualquier tipo de responsabilidad en la crisis actual, cuestionó el por qué, si de llegar a haber fallas en la política laboral mencionados por los entes de control, no se ha hecho algo durante los tres años y medio del actual rector para corregirlas o estructurar de nuevo la planta de personal.

Sumado a ello, afirmó que el partido Liberal es quien maneja las riendas de la Universidad.

Villarraga señaló que: “El Ministerio quiere encubrir y dirimir responsabilidades en la catástrofe de la UT porque ellos son los directos responsables de esto, ya que la crisis acaeció con el actual rector, y en eso hizo parte el Ministerio por estar en el Consejo Superior y no hacer nada para intervenir, además cuando fue reelegido José Herman ya sabían que no había presupuesto para pagar salarios en diciembre, y menos la prima navideña que aún deben...

“No tengo garantías por parte del Ministerio, porque debido a un pacto político, están sesgados a favor del partido Liberal, además de la burocracia y clientelismo, porque algunos diputados han puesto muchas cuotas, y a pesar de la crisis siguen nombrando esas cuotas”.

El exrector precisó que él, se encargó de instalar la primera parte de la política laboral, y lo faltante que era la creación de la carrera administrativa y regular los concursos, no se hizo; y que la administración de la Universidad debía presentar la iniciativa al Consejo Superior para que este lo aprobara; por lo tanto esa omisión está en la Procuraduría, a pesar de que el proceso permanece quieto.

El Informe

La intervención también determinó que del semestre A de 2012, al semestre A de 2015, se pasó de tener 36 mil 523 estudiantes a 21 mil 995, por lo tanto es necesario hacer un estudio sobre la necesidad real del plantel docente y administrativo, porque ha afectado los ingresos por concepto de matrícula, ya que el total de la plata docente corresponde a mil 772 personas.

Además concluyó, que no se cuenta con las actas aprobadas de los estados financieros desde 2012 a 2014, y tampoco se tiene un reglamento interno que regule el funcionamiento del Consejo Superior. Durante la visita se observó que no hay un plan de mantenimiento para el notorio deterioro de muchas instalaciones.

El Gobernador

El mandatario regional Óscar Barreto, celebró el informe Ministerial asegurando que así se está decantando los posibles responsables de la tragedia de la UT.

“Me gusta que es el mismo Mineducación quien lo está diciendo, porque dicen que Barreto solo lo hace con un sesgo político para descalificar al rector y a algunos líderes”, dijo.

Por lo tanto, afirmó que mañana presidirá el Consejo Superior de la Universidad, donde le pedirá cuentas milimétricas al rector sobre la aplicación de las decisiones que se han tomado para tratar de salvar la Universidad, o sino, le pedirá a la Fiscalía y a la Procuraduría que intervengan.

Aunque el mandatario recomendó que “los estudiantes no se deben dejar utilizar en marchitas pa’ arriba y pa’ abajo, cuando detrás de ellos otros están haciendo fiesta con el presupuesto de la UT”; los alumnos desde ya, convocan mañana a una manifestación.