El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo dio respuesta a las declaraciones del viceministro de Minas y Energía, Carlos Cante, quien aseguró que el Concejo se extralimitó en sus funciones al aprobar el proyecto de acuerdo que prohíbe la minería de metales a cielo abierto en la ciudad.

Según el Viceministro, existe una “colisión de competencias” entre el Gobierno nacional y el Municipio que deben ser conciliadas.

“Por lo menos esta vez nos dijeron que nos habíamos extralimitado. Hace año y medio todos daban por hecho que nos iban a llevar a la cárcel. Aquí vino un señor un poquito desquiciado (Pablo Bustos) y dijo que habíamos cometido seis delitos (risas), pero yo me quedo contento de que por lo menos hemos extralimitado, vamos a ver si nos extralimitamos o si tenemos la razón.

“Nosotros estamos convencidos que tenemos la razón”, respondió el Alcalde.

El Viceministro anunció que el Gobierno nacional iniciaría las acciones judiciales que correspondan para dejar sin efectos la decisión tomada por el Concejo.

Por su parte, Jaramillo recalcó que el Municipio insistirá, ya que la Constitución ha dado la razón en cuanto a la competencia de los municipios en decidir sobre el suelo y recordó que fue la Corte Constitucional la que declaró inconstitucional el artículo 37 del Código de Minas y devolvió la competencia a las entidades territoriales para decidir en temas de minería.

“El más insignificante de los pueblos, puede hoy decidir sobre el uso del suelo y el uso del subsuelo y eso es lo que vamos hacer”, dijo el Alcalde.

De igual manera, el Viceministro de Minas mencionó que las gobernaciones de cada departamento han sido informadas para que se objeten estos proyectos.

El Alcalde deberá firmar el acuerdo para posteriormente ser enviado a la Gobernación del Tolima que hará la revisión legal.

Según la Ley 134 de 1994 después de aprobado el proyecto, pasará dentro de los cinco hábiles a sanción por parte del Alcalde y de forma posterior a la Gobernación del Tolima para pronunciarse y determinar si lo envía a control de legalidad por parte del Tribunal Administrativo, que, además, tendría 20 días hábiles para emitir una decisión.

Al respecto Jaramillo dijo: “aquí no podemos tener dobles aguas, uno no puede estar con el diablo y con Dios”.

Y añadió “nosotros sabemos desde hace mucho tiempo que AGA ha repartido dineros, manda a viajar a la gente a Brasil, da regalos, ha financiado campañas políticas y ha sido muy generoso en tratar de cooptar a la gente (...) es importante que la gente sepa ahora quiénes están a favor del medio ambiente y quienes están a favor y quienes están en contra”, concluyó el mandatario.