Algunos representantes de los sindicatos se reunieron ayer en la mañana frente a la Alcaldía de Ibagué para mostrar su inconformismo por las recientes órdenes de traslado de funcionarios públicos adscritos a la administración central y a la Secretaría de Educación mientras se desarrollan mesas de negociación entre las partes que aseguran no acoge las propuestas expuestas.

La medida regirá en tres días.

El parrillero se vería afectado en un determinado horario.

Con un proceso de licitación pública la Alcaldía dispondrá de $14.721 millones para la realización de obras de mantenimiento y rehabilitación de la malla vial, proyecto que se espera se ejecute en cuatro meses.

La Personería municipal interpuso una acción popular contra el Municipio con la intención de que se adopten medidas sobre el puente que conduce a la invasión El Palmar, cerca al barrio Santofimio, el cuál resultó seriamente afectado luego de que una buseta de transporte público perdiera el control e impactara contra la estructura.

Varios proponentes han pedido ajustes al proyecto de pliego de condiciones que presentó la Alcaldía. El trámite se debe adjudicar cerrando mayo y en nueve días debe ya organizar un evento para 300 personas.

La Personería municipal abrió un proceso de indagación contra la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo con la intención de determinar presuntas irregularidades en la poda y tala de árboles sobre el corredor de la calle 10 que realizó la Administración argumentando un riesgo para los transeúntes por daños en las bases de las especies.

Hasta el momento los organizadores del Jamming Festival se habían excusado en unas supuestas amenazas para justificar la cancelación del evento, lo que generó grandes afectaciones para Ibagué.

El inconformismo de los estudiantes por algunas deficiencias en la prestación de los servicios en los colegios oficiales, parece ser que ‘rebosó la copa’ y ha llevado a cientos de jóvenes a protestar a las calles exigiendo garantías para su educación.

Tras el malestar ciudadano que se ha desencadenado por la tala de cinco árboles que guardaban alrededor de 80 años de historia y luego de la muerte de Andrés Felipe Góngora, la directora de la Corporación Autónoma del Tolima (Cortolima), Olga Lucía Alfonso Lannini, salió al paso de las acusaciones que hablan de una presunta falta de análisis y responsabilidad por lo acontecido.