Desde la Roma antigua -que la plasmaba en sus monedas- hasta hoy, la imagen de la justicia, que inspira respeto y confianza, nos la muestra con los ojos vendados y llevando, en una mano la espada y en la otra una balanza que no se inclina.
La Fiscalía General de la Nación “está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal” y a investigar hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por denuncia, petición especial, querella o de oficio, “siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo” (Art. 250 de la Constitución).
En lo que respecta a la función de guarda de la integridad y supremacía de la Constitución -confiada a la Corte Constitucional-, con independencia de lo que ocurra en casos específicos -bien sea al decidir la Corte sobre demandas presentadas en ejercicio de la acción pública o en virtud del control oficioso-, es necesario preservar el postulado de la cosa juzgada. Tramitado el debido proceso -de conformidad con las reglas previstas en la Constitución y en la ley-, la sentencia proferida por la Sala Plena de esa corporación adquiere firmeza. Lo resuelto es inmodificable mientras permanezcan las normas constitucionales con las cuales se hizo el respectivo cotejo.
Como lo hemos expresado varias veces en esta columna, dos de los fundamentos primordiales de nuestro sistema jurídico -consagrados en el artículo 1 de la Constitución-, son el respeto a la dignidad de la persona humana y el trabajo. El artículo 5 de la Constitución declara que el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona.
Hacemos votos porque, al momento de publicación de esta columna, haya recuperado su libertad el delegado departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el Chocó, Jéfferson Murillo. En un hecho incomprensible, el doctor Murillo fue secuestrado el 6 de enero, por encapuchados armados que lo interceptaron, cuando se trasladaba en la vía entre Quibdó e Istmina.
Tras el horror de la Segunda Guerra Mundial, en 1945 se constituyó la Organización de las Naciones Unidas -, en 1948 se aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en 1949 fueron aprobados los cuatro Convenios de Ginebra, en los cuales y en sus Protocolos se encuentran las bases de lo que hoy conocemos como Derecho Internacional Humanitario (D.I.H.).
Los niños siguen siendo las principales víctimas -en sociedades supuestamente “civilizadas”- ya sea por causa de los errores, la maldad o la irresponsabilidad de los mayores.
Escuchábamos el 24 de diciembre a Felipe VI, rey de España, reclamar que la Constitución de 1978 -que acaba de cumplir 45 años- sea cumplida y observada.
No son halagadores los resultados que, en cuanto a los estudiantes colombianos de quince años, fueron divulgados por el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, más conocido como “Informe PISA”, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Según la información suministrada, en las áreas de matemáticas, ciencias y lectura -que fueron las evaluadas en jóvenes de ochenta y un países- el nuestro ocupó el penúltimo puesto, y en general, resulta claro que la formación, los conocimientos y la aptitud, al menos en esas áreas, es muy deficiente. Nuestros puntajes fueron inferiores a los obtenidos en 2018, que tampoco eran buenos.
Para quienes creemos en la dignidad de la persona humana, en sus derechos esenciales, en el respeto que merecen la vida y la integridad física y moral de los niños, de las mujeres y de las personas mayores, en el Derecho Internacional Humanitario, nos resulta muy doloroso y frustrante ver a diario -desde el pasado 7 de octubre-, lo que acontece en la Franja de Gaza. No se necesita sino una mínima sensibilidad para conmoverse profundamente con las terribles imágenes que nos llegan por las vías digitales y virtuales, sobre continuos bombardeos y destrucción de casas de habitación familiar, parques, hospitales, iglesias, ancianatos, ambulancias.
