Lo natural es que el deporte nos congregue como colombianos, sin política, sin polarización, sin diferencias partidistas, religiosas ni sociales. Siempre hemos estado unidos, al lado de nuestros deportistas, para apoyarlos, toda vez que nos representan y nos enorgullecen ante el mundo. Y sí que los han hecho y lo siguen haciendo bien, como lo vemos constantemente.
El Estado -que no se reduce al Gobierno, como algunos piensan- es una organización política cuyas metas prioritarias -en especial si se define como Estado Social de Derecho- radican en la búsqueda y preservación de los intereses de toda la colectividad, en la garantía de los derechos y libertades de todas las personas y en la satisfacción de sus necesidades más sentidas y apremiantes.
Tanto el secuestro de Luis Manuel Díaz -padre de nuestro crédito deportivo Luis Díaz-, como los de muchas otras personas, hacen evidente y claro que el ELN no tiene voluntad de paz.
El equilibrio, la razón, la sindéresis, la independencia y la imparcialidad son características esenciales del buen funcionario público. Son elementos indispensables para el ejercicio de las funciones del Estado, en especial cuando se trata del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas.
Según el artículo 1 de la Constitución, Colombia es un Estado Social de Derecho, lo que, como lo señala la Corte Constitucional, la acción del Estado debe dirigirse a garantizar a los asociados condiciones de vida dignas.
Para decirlo con toda claridad y sin rodeos: lo que viene ocurriendo en Gaza desde el 7 de octubre es sencillamente brutal e inhumano. De lado y lado, se han cometido y se siguen cometiendo crímenes gravísimos a la luz del Derecho Internacional. Hamás, de manera cobarde y con sevicia, asesinó a cientos de personas civiles indefensas, que participaban en un festival de música, y secuestró a muchos, para usarlos como moneda de cambio contra Israel. Por su parte, Israel inició los bombardeos indiscriminados contra la población civil que habita la Franja, y, además -impidiendo su salida y cualquier tipo de corredor humanitario-, bloqueó la entrada de agua, energía, alimentos, comunicaciones y todo elemento de supervivencia, lo cual implica tortura y condena a muerte para miles de hombres, mujeres, niños, ancianos y enfermos, sin contemplaciones y sin respeto alguno por su vida, su integridad y sus derechos esenciales. Contrariando los principios y reglas fundamentales del Derecho Internacional Humanitario. Lo ha hecho con el explícito respaldo de quienes gobiernan los países más poderosos del mundo, quienes -en vez de exigir y propiciar un cese al fuego- envían armas, hombres, bombas y tanques de guerra para que la masacre continúe. Algo sencillamente salvaje y criminal.
El derecho fundamental a la igualdad es propio de la democracia e inherente al Estado Social de Derecho. Simultáneamente, es un principio básico de nuestra organización estatal y del orden jurídico establecido en 1991.
Angustia, dolor, muerte de miles de personas -inclusive niños, mujeres, enfermos, ancianos, médicos, periodistas- es lo que ha prevalecido durante este interminable conflicto en Israel y en la Franja de Gaza -que, en solo una semana, ha dejado miles de víctimas inocentes, entre judíos, palestinos y visitantes o residentes extranjeros-, sin que se vea próxima alguna solución que proteja de verdad a la población civil y que haga valer los principios y reglas del Derecho Internacional Humanitario.
Lo que ocurre en Israel y en la Franja de Gaza -en donde se han cometido y se siguen cometiendo crímenes de guerra y violaciones de los Derechos Humanos-, como lo que ha venido sucediendo desde hace más de un año en Ucrania, y lo que a diario sucede en Colombia -en un conflicto que guerrilleros y paramilitares no quieren terminar- no es otra cosa que la vulneración ostensible de claras reglas del Derecho Internacional Humanitario, que busca proteger a la población civil.
