La propuesta de reforma parte de la hipótesis de que el Gobierno todo lo hace mejor. Ya sabemos que, al menos en este país, lo que cae en manos del gobierno se corrompe, se vuelve ineficiente, se politiza y encarece.
Por eso, los próximos cuatro meses, que corresponden al tiempo que tiene el Senado de la República para debatir y aprobar o no la reforma, definirán el futuro del país. Los senadores tendrán en sus manos, de aprobarse la reforma tal y como les llegó de la Cámara de Representantes, la responsabilidad de destruir el SGSSS, que en pocos años se habrá convertido en un fardo pesado, burocrático y moroso, que denegará salud a los ciudadanos, pues se quedará sin inventario de medicinas, con hospitales y clínicas desabastecidos, citas para fechas eternas, médicos y personal de salud impagos, y con esas colas largas que tanto gustan a quienes desean mantener controlado y subyugado al pueblo.
Por supuesto, la clase politiquera estará feliz, pues los enfermos, pacientes y parientes tendrán que acudir al amiguismo y la recomendación, o sea, al tráfico de influencias, para que el ‘pluma blanca’ en lo municipal expida un papelito para que los atiendan, con lo cual el agradecimiento perpetuará el círculo vicioso, y la acción de tutela será cada vez más inane.
Hemos dicho hasta la saciedad que hay que introducir mejoras al SGSSS; pero nunca será darle más responsabilidades a un Estado ladrón, mezquino, que privilegiará a este o a aquel grupo en la atención, dependiendo de qué ideología esté rigiendo el poder político.
Ya podemos imaginarnos cómo será eso si hace solo unos cuantos días la Corte Constitucional dio 45 días al Gobierno, para que cancele lo que le debe a las EPS por los tratamientos que no están incluidos en el Plan de Beneficios de Salud, lo que afecta a más de 1 millón de colombianos con enfermedades graves o de alto costo, dineros que se deben desde 2022 y que, se infiere, es mora dirigida directamente a dañar la liquidez de las EPS y el flujo de recursos al Sistema.
Lo anterior sin olvidar que el deficiente cálculo hecho por el Gobierno para aumentar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) profundiza la crisis del sistema y lo está tornando inviable financieramente.
Nadie duda de las bondades de la propuesta del Gobierno en materia de atención temprana, medicina en el hogar, volcarse a las zonas rurales, y más si se acaba cualquier diferencia entre los distintos regímenes vigentes en el país.
Pero la confección del Sistema que se propone, que es la estatización, hará que este país comience a expulsar a los ciudadanos pudientes y a los que no tienen nada, que suelen ser los que emigran.
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